Acciones gubernamentales internacionalesMétodosPortada

¿Cuándo las sanciones ayudan a nuestra lucha democrática?

Desde el 2016 se han materializado distintas acciones de la comunidad internacional para ejercer presión sobre la autocracia que se instala en Venezuela.

La suspensión temporal de Venezuela en el Mercosur, el retiro de embajadores por parte de algunos países latinoamericanos, sanciones a altos funcionarios del régimen, discusión del conflicto venezolano en la OEA y en la Unión Europea. Todos estos movimientos diplomáticos conforman el repertorio que ha implementado el hemisferio en aras de restablecer el Estado democrático en nuestro país. Ahora bien, ¿cuáles nos ayudan a caminar más rápido en la conquista de nuestra libertad?

Todo gobierno que desee colaborar con la democracia venezolana debe pensar en dos preguntas a la hora de ejecutar sanciones o acciones diplomáticas: ¿la sanción le eleva los costos de reprimir al régimen? ¿Unifica o divide al régimen?

La primera es sencilla de responder. Cualquier declaración en contra de la violación de los derechos humanos afecta la imagen internacional de la autocracia y debilita su posición en el escenario geopolítico mundial. Incluso, genera distanciamientos entre antiguos aliados y el régimen liderado por Maduro.

No obstante, la segunda pregunta es fundamental para definir la efectividad de una sanción. Las puniciones más efectivas son aquellas que están dirigidas a una persona o un grupo responsables de violaciones a derechos humanos o delitos graves.

El gobierno es heterogéneo y en el mundo oficialista conviven multiplicidad de grupos e intereses. Cuando se anuncia alguna acción de la administración Trump con relación a PDVSA o al Gobierno venezolano, se cohesiona el bloque oficialista. Es una cohesión en torno a un discurso: defensa de la soberanía, la amenaza del imperialismo norteamericano, entre otros motivadores.

Sin embargo, cuando se señala a un individuo se le aísla. En el momento en que alguien es ingresado a una lista por cometer determinado delito, se hace uso de una sanción hacia una persona en particular. Es un hecho aleccionador: quienes solo defienden un postulado ideológico no quieren recibir los mismos señalamientos y es posible que la solidaridad no sea automática. De igual forma, estimula a factores del régimen a negociar con el sector democrático para salvar el futuro político de alguna parte del bloque gobernante.

En definitiva toda sanción que desee respaldar la lucha democrática en Venezuela debe tener como objetivo repudiar la represión y sancionar a personalidades en específico y no al Gobierno o empresas del Estado.

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